«La auditoría del Sindic confirma irregularidades en las ITV públicas denunciadas por Camaleón Innova y un ciudadano de Castellón»
La reciente auditoría publicada por el Sindic de Comptes sobre la gestión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) tras su reversión al sector público ha sacado a la luz un entramado de irregularidades administrativas, económicas y legales que ya habían sido denunciadas meses atrás por Camaleón Innova, una empresa con sede en Castellón, y un ciudadano particular de esta misma localidad. Entre los hallazgos más graves, destacan contratos fraccionados de forma indebida, adjudicaciones sospechosas a empresas sin actividad previa y una opacidad alarmante en el destino de los fondos recaudados.
Las irregularidades detectadas: un patrón previamente denunciado
El informe del Sindic detalla una serie de prácticas irregulares que ya fueron objeto de denuncia pública en marzo de 2023. En ese momento, se señaló que numerosas empresas adjudicatarias no cumplían con los requisitos mínimos para operar, como carecer de un historial de actividad o estar domiciliadas en lugares insólitos, incluyendo garajes y locales de ocio. Además, se reveló el fraccionamiento deliberado de contratos, lo que permitió eludir las normativas de contratación pública que exigen procesos de licitación más transparentes.
La auditoría corrobora estas denuncias, destacando que al menos 14 contratos menores revisados fueron fraccionados de manera indebida. Por ejemplo:
- Servicios de mantenimiento que podrían haberse licitado en un único contrato fueron divididos en múltiples adjudicaciones menores a empresas relacionadas entre sí.
- La adquisición de licencias de software se realizó por partes, sin justificar la fragmentación, beneficiando a un reducido grupo de empresas.
Estas prácticas no solo vulneran la normativa vigente, sino que comprometen la eficiencia y transparencia de la administración pública.
Persecución mediática contra los denunciantes
Lejos de investigar las irregularidades denunciadas, las autoridades y medios de comunicación pusieron el foco en desacreditar a los denunciantes. Camaleón Innova y su gerente fueron señalados públicamente como responsables de una supuesta “venta de citas falsas para la ITV”, acusación que, con el tiempo, quedó desacreditada y en manos de la fiscalía especial anticorrupción y criminalidad organizada.
Una de las principales pruebas utilizadas para esta acusación fue un recibo manipulado, vinculado a una transacción realizada desde una dirección IP que pertenecía a una administración pública. Además, se fabricaron datos falsos relacionados con un vehículo y su historial, como inspecciones realizadas en estaciones inexistentes y registros administrativos incoherentes.
Esta campaña no solo afectó la reputación de la empresa, sino que también tuvo graves consecuencias personales para su representante legal, quien enfrentó problemas de salud, familiares y un desproporcionado embargo económico, todo ello derivado de una acusación basada en pruebas falsificadas.
El escándalo de la nueva pasarela de pagos
Otro de los elementos destacados en las investigaciones, es la implementación de una pasarela de pagos online vinculada a un dominio diferente del oficial (citaitvsitval.com). Este dominio, registrado con servicios de ocultamiento de titularidad, plantea serias dudas sobre el destino de los fondos recaudados. Según las investigaciones preliminares, el dominio está registrado en Murcia y gestionado por entidades cuya relación con SITVAL no ha sido aclarada. Además, la pasarela de pagos ha cambiado de proveedor en varias ocasiones, dificultando el rastreo del dinero y levantando sospechas sobre posibles desvíos.
Una gestión plagada de opacidad
El informe también revela que SITVAL no proporcionó documentación clave a los auditores, como la adscripción formal de las instalaciones de las estaciones de ITV, lo que representa el 86,7 % de su activo. Asimismo, los gastos de personal, que constituyen el 72,8 % del presupuesto, carecen de justificación adecuada y presentan irregularidades en las subrogaciones y retribuciones salariales.
A esto se suma la falta de cumplimiento de la Ley de Transparencia, que obliga a publicar información básica sobre su estructura y actividades. SITVAL, según la auditoría, no cumple con estos estándares, dejando un vacío informativo sobre su gestión.
Implicaciones políticas y legales
El caso de las ITV públicas no es solo un asunto administrativo, sino que tiene implicaciones políticas de gran alcance. La reversión al sector público fue promovida como una medida de transparencia y eficiencia, pero los hechos revelados hasta ahora apuntan a un sistema plagado de irregularidades que no solo compromete los principios de buena gobernanza, sino que también afecta directamente a los usuarios.
La conexión entre las empresas adjudicatarias y ciertos actores políticos aún no ha sido investigada en profundidad, a pesar de los indicios claros de un esquema que favorece a determinadas entidades en detrimento de otras. Además, la persecución contra quienes denunciaron estos hechos plantea serias dudas sobre el respeto a la libertad de expresión y la protección de los denunciantes en la Comunidad Valenciana.
Un llamado urgente a la acción
La publicación del informe del Sindic debería ser el punto de partida para una investigación judicial independiente que esclarezca el alcance de estas irregularidades, depure responsabilidades y, sobre todo, garantice que situaciones similares no vuelvan a repetirse. Es imprescindible que las instituciones no solo asuman sus errores, sino que también protejan a quienes tuvieron el valor de señalar los problemas, evitando que sean nuevamente objeto de represalias.
La gestión pública debe ser un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Los hallazgos del Sindic no solo confirman lo que se denunció meses atrás, sino que exigen medidas contundentes para restaurar la confianza ciudadana y asegurar que los recursos públicos sean administrados con la diligencia que merecen.